Dos modelos diferentes de justicia

Dos modelos, uno propicia el control de los jueces, el otro garantiza la independencia judicial

Una de las primeras iniciativas del Gobierno de Carlos Menem respecto de la justicia fue la ampliación de la Corte Suprema. En abril de 1990, diputados convierte en ley la ampliación del Tribunal Supremo llevando de 5 a 9 miembros su composición y generando, mediante estos 4 miembros nuevos y la cobertura de vacantes generada por las renuncias, lo que se dio en llamar la mayoría automática. El fundamento formal de esta modificación fue la necesidad de agilizar el tratamiento de la numerosa cantidad de causas que llegaban a esa instancia. No obstante, la designación de abogados afines y, en algunos casos, sin los antecedentes necesarios para la alta magistratura, generó una desconfianza que terminó confirmándose mediante decisiones que favorecieron al poder político, refrendando las políticas neoliberales impulsadas por esa Administración.

Posteriormente, mediante la reforma constitucional del 94, con la creación del Consejo de la Magistratura a nivel nacional, se pretendió incorporar constitucionalmente un organismo que se coadyuvara a la profesionalización de la gestión judicial, agilizando y relativizando la influencia política en la designación y remoción de magistrados. Este nuevo organismo compartiría, en adelante, la responsabilidad de llevar adelante la política judicial en conjunto con la Corte Suprema.

En el año 2003, con un proceso de juicio político para con la mayoría de los miembros de la ampliada corte de los 90, mediante renuncias y destituciones, se producen seis vacantes en los miembros de la corte. Paralelamente, se modifica el procedimiento de designación de los futuros ministros de la CSJN con el dictado del decreto N° 222/2003, que marca el comienzo de un proceso de selección más transparente y participativo en la elección de los miembros del máximo tribunal. A partir de allí, el máximo tribunal cuenta con 7 miembros, 4 de los cuales fueron designados por este nuevo mecanismo.

Lamentablemente, el proceso de transparencia en las designaciones de los miembros del máximo tribunal no se ha visto trasladado al resto de las iniciativas que últimamente se han llevado adelante por el ejecutivo nacional. Principalmente, mediante el control consolidado luego de la última reforma realizada al Consejo de la Magistratura, el gobierno nacional pretende mejorar el control en la selección de los jueces y las eventuales destituciones que pudieran servirle.

En esta línea, en el último tiempo y a raíz de fallos que no fueron satisfactorios respecto de sus pretensiones, desde el oficialismo se ha iniciado una campaña de cuestionamientos hacia el Poder Judicial con el pretexto de iniciar un debate sobre la necesidad de democratizar la justicia. Mediante mecanismos de presión mediática y declaraciones públicas de altos funcionarios y referentes sociales se pretende influenciar el accionar de los magistrados y funcionarios judiciales para generar la legitimación judicial de las políticas adoptadas desde el seno del poder. 

En contraposición a esto, se encuentra el modelo de la ciudad, con un Consejo de la Magistratura equilibrado, con representación igualitaria de los abogados, los jueces y el poder político, a través de los representantes del Parlamento local. En los próximos meses se concluirá el proceso de designación de jueces, fiscales y defensores de ambos fueros, los cuales fueron seleccionados mediante un concurso de oposición y antecedentes transparente, de cara a la sociedad, que concluyó con un orden de mérito elevado a la Legislatura. Una diferencia sustancial respecto del modelo nacional, es el rol reservado al ejecutivo, quien en la ciudad no posee intervención ni en la selección ni en la designación de magistrados, con la reserva, constitucionalmente prevista, de proponer los miembros del Tribunal Superior de Justicia y las responsables del ministerio público, quienes, luego de pasar por una audiencia pública, son finalmente designados por el Poder Legislativo.

Sobre estas bases es que creemos que se debe encarar este debate, el cual resulta necesario para mejorar la calidad del servicio público de justicia. Lamentablemente, el contexto y las formas en las que se pretende incorporar en la agenda esta temática parecería encontrarse más vinculada con cuestiones políticas coyunturales y una necesidad de legitimación judicial de algunas iniciativas controversiales que con la verdadera responsabilidad política con la que se debe encarar una propuesta sobre uno de los temas que resulta relevante para la construcción de una sociedad más justa.