Con la sanción de la constitución la Nación Argentina adoptó como forma de gobierno la república. En la concepción tradicional ella se encuentra vinculada a la llamada división de poderes enunciada por Montesquieu entre un poder Ejecutivo, uno Legislativo y uno Judicial. En este esquema, los tres poderes del estado cuentan con funciones claras, complementarias y se piensan en un ejercicio con atribuciones definidas y de control entre sí.
La Constitucion de la Ciudad de Buenos Aires, en su artículo primero establece que adopta para su gobierno la forma republicana y representativa. En esta misma línea, consagra la publicidad de todos los actos de gobierno. La constitución de una república encuentra como elemento intrínseco de su propia definición la publicidad de los actos de gobierno. Este principio resulta de aplicación a todos los poderes del estado.
Este concepto de transparencia y rendición de cuentas se ha ido afianzando como demanda social principalmente en los últimos años y el poder judicial no ha sido ajeno a este debate. Particularmente la Ciudad de Buenos Aires ha establecido varias normas para instrumentar este derecho, en particular respecto de la publicidad de los actos de gobierno, inclusive los vinculados al gobierno judicial.
Esta semana la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al inaugurar la 13° Conferencia Anual sobre Asuntos Jurídicos y Políticos en las Américas sostuvo que “el acceso a la justicia implica tanto llevar a cabo una gestión rápida y eficaz de los casos como brindar información a la ciudadanía”
Desde la ciudad nos encontramos comprometidos en este sentido. Hemos instrumentado medidas que implican un avance en el ejercicio de la transparencia. A modo de ejemplo, en el transcurso de los últimos concursos hemos instrumentado medidas para publicitar cada una de las etapas que se llevaban adelante en el convencimiento que el proceso de selección de los magistrados debe realizarse de cara a la sociedad.
En el poder judicial existen dos áreas claramente diferenciadas respecto de las funciones asignadas: aquellas vinculadas a la cuestión de administración del poder judicial y aquella vinculada estrictamente a la cuestión jurisdiccional, las cuales deben tener un abordaje diferenciado respecto de la publicidad.
No obstante los principios que rigen las restricciones especificas en la tramitación de algunas causas, este es solo un aspecto de la publicidad de los actos judiciales. Es parte de nuestro compromiso profundizar respecto de la realización de audiencias públicas en lugares adecuados, la difusión de los servicios de justicia y el ejercicio de derechos y los programas de prevención que se desarrollan en cada una de las áreas.
Asimismo, debemos trabajar en una agenda que contemple medidas que acerquen la justicia real a los vecinos, contribuyendo a la cultura de la legalidad y el apego a las normas. La concientización de la sociedad en su conjunto respecto de derechos y obligaciones es una tarea ineludible aquellos a los que nos toca administrar, dando el ejemplo y tomando nuestra responsabilidad con el objetivo de fortalecer la justicia y otorgar un mejor y más eficiente acceso a los servicios que ella brinda.
Creo que para fortalecer la justicia y contribuir a la cultura de la legalidad lo que se necesita es “acercar la justicia real a los vecinos”, en donde estos puedan comprobar que sus reclamos son atendidos sin que los agentes prioricen causas en atención al delito denunciado (siendo que todos los delitos están tipificados para ser considerados tales, todos deben ser manejados con el mismo nivel de diligencia; ya sea una denuncia por violencia doméstica o una por maltrato animal). Y es así como, con ejemplos concretos, los funcionarios contribuirían no sólo a que los vecinos respeten y hagan respetar las normas sino a que tengan conciencia de sus derechos y obligaciones.
ResponderEliminarNo basta con informar a la ciudadanía si cuando un vecino ve afectado alguno de sus derechos se dificulta su acceso a la justicia.