La gestión pública judicial

En estos últimos tiempos el Poder Judicial ha estado en la agenda pública. Mucho se ha discutido respecto de su organización y conformación, la probidad de los funcionarios públicos que lo conforman y su legitimidad. Este debate, que tuvo como eje a la justicia Nacional no resulta trasladable a nuestra Ciudad, fundamentalmente por la diferencia sustancial con su par nacional en la conformación y funciones del Consejo de la Magistratura.  En la Ciudad de Buenos Aires, este organismo cuenta con igual representación de los tres estamentos que lo componen (abogados, jueces y representantes del Poder Legislativo). No obstante, hace a toda gestión republicana el control que se lleva delante de los organismos estatales y, como contracara, la rendición de cuenta de los funcionarios que las conducen.

En este sentido, una buena gestión debe rendir cuenta de la administración de los fondos públicos que tiene a su cargo. La correcta aplicación de recursos, sean estos humanos o económicos son un principio básico de una administración eficiente. Frecuentemente las estructuras públicas suelen perder de vista esta premisa y se observa una gran cantidad de recursos destinados a funciones de apoyo y que no son afectados directamente al servicio público que debe prestar.  Desde esta gestión en el Consejo de la Magistratura, se ha implementado un proceso de trasferencia de capacitados recursos humanos que prestaban servicios en áreas administrativas del Consejo hacia áreas vinculadas con la función jurisdiccional, con el objeto de optimizar la prestación del servicio público de justicia de cara a los vecinos.  En consonancia, se ha comenzado a analizar la estructura orgánica interna con el objetivo de hacer eficiente cada una de las áreas evitando superposiciones y delimitando misiones y funciones. Este proceso fue acompañado con un compromiso de funcionarios y empleados que son capacitados permanentemente, brindando particular atención y herramientas a aquellos que fueron transferidos hacia el área jurisdiccional. Asimismo, en un sistema republicano la división de poderes genera, por momentos, tensión y conflictos que solo pueden resolverse con una profunda convicción democrática y vocación de diálogo. Ante estas situaciones se ha optado por la fluidez en la comunicación sin afectar la independencia judicial. Como reafirmación de la autonomía y teniendo en miras brindar cada día un mejor servicio de justicia con idoneidad e independencia, se completaron los concursos para la designación de los jueces, fiscales, defensores y asesores tanto en primera como en segunda instancia, completando aquellos que se encontraban en curso desde el año 2006, y llevando adelante los restantes con el fin de integrar la totalidad de los cargos previstos en la ley. Este proceso fue realizado con la profunda convicción de implementar todas aquellas medidas al alcance en materia de transparencia.  En cuanto al manejo de los fondos públicos, se trabajó sobre dos ejes fundamentales; planificación del gasto y eficiencia en los procesos. Con estas dos premisas se mejoró la asignación de recursos y se hizo más eficiente el gasto. De esta forma se cumplimenta la ejecución presupuestaria en tiempo y forma, dotando de herramientas eficaces que permiten aplicar recursos sin aumentar el gasto público y brindar un mejor servicio de justicia. En esta misma línea, esta eficiente aplicación de recursos permite el mejoramiento de la infraestructura y equipamiento de los edificios pertenecientes a la justicia de la ciudad, generando los espacios necesarios para el mejor desenvolvimiento de los actores involucrados. Gradualmente se ha mejorado la infraestructura de los edificios existentes y se procura que las sedes del Poder Judicial sean propias de forma de que las inversiones que se realicen no solo sirvan para su uso sino que se incorporen al patrimonio público. Con esta convicción, al momento de escribir estas líneas, se encuentra próxima la inauguración de un edificio propio en la cercanía de la Plaza de Mayo. Asimismo, la inversión realizada en tecnología e innovación permitió la puesta en marcha de la notificación electrónica para las comunicaciones en el Poder Judicial y dar inicio a la digitalización y el proceso de despapelización en los trámites administrativos. La consolidación de un canal en Youtube / Consejo de la magistratura de la CABA, que comenzó con la publicación de todas las entrevistas y exámenes orales de todos los concursos para cubrir cargos de magistrados e integrantes del Ministerio Público y Fiscal. Esta decisión es una muestra cabal de la adopción de políticas de transparencia en la gestión.  En la misma línea hemos establecido una Unidad de Implementación de Justicia por Jurados. Hemos creado el observatorio de Género como un espacio de investigación, diagnóstico e incidencia que propicie iniciativas orientadas a promover la igualdad de género y el pleno respeto por la diversidad sexual. También estamos avanzando en la creación de un programa de responsabilidad social que será pionero en la justicia latinoamericana; su diagnóstico y sus propuestas nos darán pautas de gestión y un sistema de evaluación que nos permita llevar a cabo una administración socialmente responsable en sus facetas ambientales, laborales, contables y comunicacionales. Nuestro norte es la planificación estratégica en el sector público y en la gestión del servicio de justicia. Los variados acuerdos con universidades nacionales y extranjeras nos permite tener una oferta variada y extensa en capacitación para todos los estamentos del poder judicial. Todas estas iniciativas trascienden el mejoramiento de la gestión judicial integral y la ampliación del acceso a la justicia hacia sectores cuya participación se encuentra limitada, permitiendo una ciudadanía más plena. Para finalizar se merece destacar, en consonancia con esta línea de trabajo, el proceso iniciado para la conformación de los Tribunales de justicia vecinal, iniciativa que se encuentra en profundo proceso de debate con todos los actores para llegar al proyecto que cumpla con el objetivo de brindar una justicia más accesible y eficiente. Todos estos logros hubiesen sido imposibles sin la comprensión y acompañamiento de todos y cada uno de los integrantes del Poder Judicial. Entendiendo que el servicio de justicia y el acceso a la misma son desafíos cotidianos a los que debemos someternos y sortear con el mayor éxito por el bien de todos los ciudadanos.

Dos modelos diferentes de justicia

Dos modelos, uno propicia el control de los jueces, el otro garantiza la independencia judicial

Una de las primeras iniciativas del Gobierno de Carlos Menem respecto de la justicia fue la ampliación de la Corte Suprema. En abril de 1990, diputados convierte en ley la ampliación del Tribunal Supremo llevando de 5 a 9 miembros su composición y generando, mediante estos 4 miembros nuevos y la cobertura de vacantes generada por las renuncias, lo que se dio en llamar la mayoría automática. El fundamento formal de esta modificación fue la necesidad de agilizar el tratamiento de la numerosa cantidad de causas que llegaban a esa instancia. No obstante, la designación de abogados afines y, en algunos casos, sin los antecedentes necesarios para la alta magistratura, generó una desconfianza que terminó confirmándose mediante decisiones que favorecieron al poder político, refrendando las políticas neoliberales impulsadas por esa Administración.

Posteriormente, mediante la reforma constitucional del 94, con la creación del Consejo de la Magistratura a nivel nacional, se pretendió incorporar constitucionalmente un organismo que se coadyuvara a la profesionalización de la gestión judicial, agilizando y relativizando la influencia política en la designación y remoción de magistrados. Este nuevo organismo compartiría, en adelante, la responsabilidad de llevar adelante la política judicial en conjunto con la Corte Suprema.

En el año 2003, con un proceso de juicio político para con la mayoría de los miembros de la ampliada corte de los 90, mediante renuncias y destituciones, se producen seis vacantes en los miembros de la corte. Paralelamente, se modifica el procedimiento de designación de los futuros ministros de la CSJN con el dictado del decreto N° 222/2003, que marca el comienzo de un proceso de selección más transparente y participativo en la elección de los miembros del máximo tribunal. A partir de allí, el máximo tribunal cuenta con 7 miembros, 4 de los cuales fueron designados por este nuevo mecanismo.

Lamentablemente, el proceso de transparencia en las designaciones de los miembros del máximo tribunal no se ha visto trasladado al resto de las iniciativas que últimamente se han llevado adelante por el ejecutivo nacional. Principalmente, mediante el control consolidado luego de la última reforma realizada al Consejo de la Magistratura, el gobierno nacional pretende mejorar el control en la selección de los jueces y las eventuales destituciones que pudieran servirle.

En esta línea, en el último tiempo y a raíz de fallos que no fueron satisfactorios respecto de sus pretensiones, desde el oficialismo se ha iniciado una campaña de cuestionamientos hacia el Poder Judicial con el pretexto de iniciar un debate sobre la necesidad de democratizar la justicia. Mediante mecanismos de presión mediática y declaraciones públicas de altos funcionarios y referentes sociales se pretende influenciar el accionar de los magistrados y funcionarios judiciales para generar la legitimación judicial de las políticas adoptadas desde el seno del poder. 

En contraposición a esto, se encuentra el modelo de la ciudad, con un Consejo de la Magistratura equilibrado, con representación igualitaria de los abogados, los jueces y el poder político, a través de los representantes del Parlamento local. En los próximos meses se concluirá el proceso de designación de jueces, fiscales y defensores de ambos fueros, los cuales fueron seleccionados mediante un concurso de oposición y antecedentes transparente, de cara a la sociedad, que concluyó con un orden de mérito elevado a la Legislatura. Una diferencia sustancial respecto del modelo nacional, es el rol reservado al ejecutivo, quien en la ciudad no posee intervención ni en la selección ni en la designación de magistrados, con la reserva, constitucionalmente prevista, de proponer los miembros del Tribunal Superior de Justicia y las responsables del ministerio público, quienes, luego de pasar por una audiencia pública, son finalmente designados por el Poder Legislativo.

Sobre estas bases es que creemos que se debe encarar este debate, el cual resulta necesario para mejorar la calidad del servicio público de justicia. Lamentablemente, el contexto y las formas en las que se pretende incorporar en la agenda esta temática parecería encontrarse más vinculada con cuestiones políticas coyunturales y una necesidad de legitimación judicial de algunas iniciativas controversiales que con la verdadera responsabilidad política con la que se debe encarar una propuesta sobre uno de los temas que resulta relevante para la construcción de una sociedad más justa.

Prioridad integración

La gestión pública debe tener como norte la efectivización y profundización de los derechos consagrados en la Constitución Nacional. En el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, nuestra ley fundamental profundiza y detalla aún más los derechos que se deben garantizar desde el Estado.

Al decálogo de derechos consagrados en el articulado de la carta magna nacional y los incorporados por los pactos internacionales enumerados en el en el art. 75 inc. 22, la ciudad garantiza expresamente, el acceso a la justicia y el beneficio de litigar sin gastos (art. 12 inc. 6). Adicionalmente, en el título segundo, Políticas especiales, entre otras, se destacan:  las políticas sociales activas en contra de la pobreza (art. 17); el desarrollo humano y económico equilibrado (art. 18); el derecho a la salud integral (art. 20); a la educación (art. 23); al hábitat (art. 31). En este sentido, los derechos allí consagrados propenden integralmente al desarrollo pleno de los habitantes de la ciudad.

Uno de los desafíos más complejos afrontados en la etapa autonómica ha sido la cuestión habitacional. Frente a esto, y en particular respecto de los asentamientos precarios ubicados en la ciudad, se han implementado programas tendientes a la integración de estos barrios al ejido de la ciudad. Ello implica trascender la mera construcción de viviendas e infraestructura e ir a un planteo integrador tanto desde lo social como desde lo físico o arquitectónico, incorporando la regularización dominial, la promoción de actividades comunitarias, el acceso a los servicios básicos, los mecanismos de participación de los beneficiarios, la promoción de actividades económicas, etc., es decir todas aquellas acciones que promuevan la integración social y física.

Asimismo, una de las obligaciones en cabeza del estado local es propender a la eliminación de las diferencias tanto territoriales, económicas o de acceso a los servicios. Una política activa de verdadera integración de los sectores más vulnerables requiere compromiso del Estado en su conjunto y en este punto la acción de la justicia ha sido muchas veces correctiva de situaciones especiales que requerían una atención más inmediata para evitar la vulneración de derechos. La complejidad del entramado social hace que se requieran soluciones específicas y dinámicas para dar una pronta respuesta a las  necesidades que se presenten.

Comprometidos con estos principios en los últimos días hemos presentado un proyecto para conformar la “Secretaría de Población en Asentamientos Precarios” una oficina especializada que prestará asistencia técnica, asesoramiento y colaboración a los Juzgados de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario que dependerá de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario. Será su función intervenir en todas aquellas causas que involucren a grupos vulnerables que vivan en asentamientos barriales precarios.  

Este proyecto tiene tres opciones para la asignación de causas futuras. Estas son: el sorteo entre todos los juzgados del fuero, la asignación de competencia territorial especifica en cada uno de los asentamientos a un juzgado o el sorteo de las causas entre los nuevos juzgados. Inicialmente, la propuesta fue presentada a un representante del movimiento de curas villeros, cuyo trabajo cotidiano en estos barrios es socialmente reconocido, con el objeto de iniciar una ronda de dialogo con los representantes de estos asentamientos a los fines de comenzar el proceso para arribar a un consenso para la implementación de esta nueva instancia.

La inclusión formal de esta temática en la estructura judicial tiene por objetivo dotar de una instancia especializada e interdisciplinaria a fin de brindar a la ciudadania una mejor calidad del servicio público de justicia, con políticas activas que propendan a la efectiva garantía consagrada en la Constitución local en cuanto acceso a la justicia y en definitiva a la integracion de nuestra sociedad.

El espacio público y los deportes

En los tiempos de la antigua Grecia el espacio público se erigió en el alma de la polis. Era el lugar de encuentro de la sociedad en su conjunto y, atento los diferentes intereses fue  adoptando distintas formas. El Ágora, constituía el espacio de reunión en el que los griegos ejercían la democracia, la primer plaza pública; la Stoa, lugar de encuentro para el ejercicio del diálogo, la reflexión y la filosofía; los Teatros, al aire libre, escenarios para la puesta en escena de tragedias y comedias o el Odeón, destinado a audiciones musicales. Todos estos espacios y equipamientos formaban parte integral del espacio público y respondían a las necesidades sociales y culturales de los ciudadanos. Asimismo, todas las ciudades, independientemente de su tamaño tenían un gimnasio o palestra (escuela de lucha), que constituían un punto de educación así como de reunión y encuentro social.

En la cultura helénica el deporte representaba un aspecto fundamental en la formación de todo ciudadano. Desde las dos grande obras literarias que llegan hasta nuestros días a través de  Homero surgen dos conceptos claramente diferenciados.  En la Ilíada se desarrolla el concepto de hombre físico complementado por la Arete (la virtud),  que era hereditaria y se modificaba por mérito individual, incrementándose por victorias bélicas o deportivas o, disminuyendo ante una derrota. Esta concepción se encuentra más vinculada a la cultura espartana, cuya educación se caracterizaba por su dureza y sentido militar, apreciaba el pensamiento exacto más que el juego deportivo y su objetivo era formar héroes - soldados dispuestos a consagrarse a la patria.

En la Odisea se desarrolla el concepto del físico adicionado a la astucia y la sabiduría.  Se plantean desafíos que requieren no solo fortaleza física para resolverlos. Este es un modelo mas vinculado a los principios de la cultura ateniense. Las competiciones deportivas adoptan la forma de juegos que son parte de las celebraciones festivas, en contraposición a la cultura espartana en donde se encontraba vinculada a los ritos funerarios.

Grecia no constituyó en ningún momento una unidad política económica. Cada Ciudad-estado mantenía su independencia. Sin embargo, las ligas panhelénicas, que agrupaban a las distintas ciudades en torno a las competiciones, sirvieron para crear una concientización de la nacionalidad griega, en la cual, el deporte se constituye en integrador de la noción de Nación, concurriendo a generar espacios de intercambio a través de las diferentes competiciones deportivas realizadas para honrar a los dioses.

Con la evolución de la humanidad el concepto de espacio público ha ido modificándose.  En la modernidad el espacio público es reivindicado nuevamente como central para el ejercicio de la ciudadanía. En el perfeccionamiento de este concepto se engloba el espacio político, el público y el colectivo. Las actividades sociales y recreativas y, en particular las deportivas, mejoran las relaciones entre vecinos, generando, en el uso compartido del espacio público, reglas de convivencia democrática, tolerancia e intercambio.

En la actualidad resulta necesario que el Estado coloque como punto de partida de la construcción colectiva al espacio público, fomentando canales de participación social y favoreciendo la reconstrucción del tejido social. El fortalecimiento del espacio público como espacio colectivo realizado desde el deporte, genera, adicionalmente a los beneficios estrictamente individuales vinculados a una práctica saludable, capital social, afianza las relaciones de vecindad y actitudes colaborativas y solidarias.  

Estado y fútbol. De la cultura del aguante a la cultura de la legalidad

Resultaría ocioso recordar el lugar que tiene el fútbol en la Argentina. Lamentablemente muchas veces el espectáculo deportivo se ve opacado por noticias y coberturas mas vinculadas con ejes extra futbolísticos, tales como violencia o evasión de impuestos.

Desde la perspectiva periodística la noticia se restringe al accionar de “barras bravas” y la indiferencia de la dirigencia de los clubes de fútbol. Aunque hay un vacio aun mayor que es el vinculado con las nulas respuestas que se brindan desde el estado o lo que es peor, la velada connivencia social que existe con el tema.

Los recursos aportados por los clubes para la seguridad resultan ineficaces, complejos despliegues de seguridad con gran cantidad de efectivos, han demostrado que poco tienen que ver con la eficacia y la prevención. Muchas veces se han observado que deficientes operativos policiales provocan mas que previenen hechos de violencia en las canchas.

El Estado ha ensayado alternativas intentando encontrar respuestas para frenar la violencia en los espectáculos futbolísticos. El enfoque siempre es el mismo, se circunscribe el problema al hecho puntual evitando analizar desde la acción gubernamental la problemática desde un punto de vista mas global.

En este sentido, se refuerzan operativos, colocando mayor cantidad de agentes de fuerzas de seguridad, se habla del derecho de admisión, se invierten millonarias sumas de dinero en la colocación de cámaras, enunciando medidas para evitar que personas ingresen a los estadios, sin atacar realmente las causas, simplificando el análisis, asumiendo que con la mera exclusión de algunos el problema desaparecerá.

En el mismo sentido, durante años se ha mirado al costado respecto de las obligaciones tributarias derivadas de los contratos y transferencias realizadas, algunas de ellas millonarias. Finalmente, la Administración Federal de Ingresos Públicos ha emitido resoluciones que reglamentan las formas de información y tributación de las mismas, limitando la participación de representantes y clubes fantasmas en la intermediación de las operaciones.

Pero un aspecto del que poco se ha hablado es la llamada “cultura del aguante” que en los últimos años se ha instalado en el ambiente futbolístico, superando y en algunos casos reemplazando la clásica pasión que caracterizaba la forma de vivir el fútbol en argentina. Pero esta “cultura del aguante”  que se visualiza como emergente futbolístico no deja de ser un reflejo de la sociedad. La falta de apego a las normas y la poca cultura de la legalidad que impera en todos los sectores sociales.

La política pública debe ser abarcativa de todos los aspectos, se debe volver a una cultura de la legalidad en la que las normas se cumplan, y el estado tenga un rol activo para prevenir los delitos y cuando ello no sea posible, castigar a los culpables con las herramientas legales previstas. Desde el Estado se debe tomar la decisión de implementar políticas integrales, fomentando desde el inicio del proceso la cultura de la legalidad, enviando señales claras a la sociedad que estas iniciativas no son medidas aisladas sino políticas de estado.   

Gobierno electrónico

Los avances tecnológicos vinculados con la irrupción de Internet y el desarrollo de herramientas que permiten la  interacción y la difusión de plataformas participativas se han incorporado en la agenda política y gubernamental. Con la primera campaña a presidente de Barack Obama, el uso de los diferentes instrumentos informáticos ganaron escena y se vislumbraron como una opción para la participación ciudadana. La irrupción de la política 2.0 y luego, los programas implementados desde la Administración, se convirtieron en iniciativas tendientes a mejorar la comunicación entre el Estado y los ciudadanos.

En este contexto, la democracia comienza a interrelacionarse con estas nuevas herramientas generando espacio de debate que fomenta la actividad cívica de los habitantes fortaleciendo los lazos de representatividad y consenso.

De esta forma, los valores republicanos como participación y rendición de cuentas se funden con los principios inspiradores de la llamada Web 2.0 que son la  transparencia, la apertura y la colaboración. Poco a poco los principios que rigen esta nueva cultura 2.0 se incorporan a la cotidianeidad de la vida moderna y se convierten en pilares de la sociedad de la información. 

Uno de los aportes fundamentales para el cambio cultural que nos permiten estas tecnologías se encuentra en la metodología de funcionamiento que permite, esto es el trabajo en redes. El uso de ellas fomenta el intercambio de ideas, un trabajo mas cooperativo, mayor participación para la toma de decisiones, el acercamiento de las demandas de los ciudadanos al estado, en definitiva una ampliación del concepto de democracia participativa.

Muchas iniciativas han prosperado en los últimos años en diferentes ámbitos estatales promoviendo mecanismos para acercar la gestión cotidiana. Así las cosas, en todos los gobiernos existen áreas que coordinan y llevan adelante proyectos articulados mediante plataformas como Internet, youtube, twitter, wikis o blogs. También se han comenzado a utilizar los dispositivos móviles para acercar la gestión a la ciudadanía, con canales abiertos para realizar gestiones, denuncias, reclamos y trámites o aplicaciones utilizables desde teléfonos celulares, PDA, computadoras portátiles. Además, se encuentra extendido el uso de redes sociales por funcionarios, que permiten un intercambio directo desde la gestión.

La innovación y el dinamismo son características necesarias para el desarrollo de estos conceptos. La incorporación a los programas de gobierno de instancias de consulta o la utilización de estas herramientas puestas al servicio de una democracia con mejor calidad institucional son parte de la nueva era del estado moderno. Asimismo, como contrapartida, resulta mayor el compromiso requerido al ciudadano.  

Estos mecanismos de participación cobran día a día mayor protagonismo y se encuentran en expansión. Si bien todavía debemos seguir trabajando por eliminar la brecha digital, muchas de estas iniciativas pueden utilizarse como mecanismos de inclusión, facilitando el acceso a la información y difusión de actividades del Estado.

Un estado moderno implica una gestión puesta al servicio de los ciudadanos y con acceso a sus servicios. Para ello, herramientas de estas características, resultan relevantes para la generación de nuevos espacios de participación ciudadana y mayor legitimidad para la toma de decisiones.

Desafíos para una nueva Administración de Justicia

La planificación de las políticas públicas en el siglo XXI requiere la incorporación de nuevas ideas que permitan afrontar los problemas complejos y las demandas sociales vinculadas a la eficiencia, la transparencia y responsabilidad  en la aplicación de los recursos públicos. Nos encontramos transitando una etapa de transformaciones culturales y sociales que presentan mayores complejidades a la hora de resolver los problemas sociales.

El poder judicial no es ajeno a esta situación, y por tanto debe plantearse la necesidad de modificar su visión realizando transformaciones que permitan dar respuesta a estas demandas sociales. En tal sentido, para el diseño de las diferentes políticas públicas judiciales se requiere profundizar la profesionalización de los recursos humanos existentes y la incorporación de profesiones que hasta hace poco se encontraban muy distantes de la Administración del Poder Judicial.

Estos nuevos desafíos requieren la formación de cuadros especializados para analizar y evaluar el impacto de las decisiones y programas que se lleven adelante. En tal sentido, profesionales capaces de analizar variables y construir indicadores de gestión resultan imprescindibles para la mejor aplicación de los recursos económicos en pos de las decisiones que en el marco de la gestión sean adoptadas.

En este contexto, el mayor compromiso de funcionarios, magistrados judiciales en la construcción de políticas públicas orientadas a perfeccionar la administración de justicia y la capacidad de acceder a ella requiere que los distintos niveles de la Administración se profesionalicen y formen con conocimientos que abarcan disciplinas y especialidades que van más allá de la visión tradicional del derecho.

Así las cosas, se debe fortalecer la capacitación de los recursos humanos en las nuevas tecnologías y todas aquellas herramientas necesarias para la gestión de un estado moderno. Asimismo, la formación de áreas técnicas interdisciplinarias que evalúen con parámetros de eficacia, eficiencia y calidad las acciones implementadas y genere los insumos requeridos para que el proceso de toma de decisiones se realice en base a datos mas confiables de forma de arbitrar las medidas necesarias para brindar un mejor servicio de justicia.

Nuestro poder judicial posee recursos humanos muy valiosos y comprometidos con los valores democráticos y la gestión judicial. Es necesario fortalecer la capacitación y dotarlos de las herramientas necesarias para afrontar estos nuevos desafíos.