La planificación de las políticas
públicas en el siglo XXI requiere la incorporación de nuevas ideas que permitan
afrontar los problemas complejos y las demandas
sociales vinculadas a la eficiencia, la transparencia y responsabilidad en la aplicación de los recursos públicos.
Nos encontramos transitando una etapa de transformaciones culturales y sociales
que presentan mayores complejidades a la hora de
resolver los problemas sociales.
El poder judicial no es ajeno a
esta situación, y por tanto debe plantearse la necesidad de modificar su visión
realizando transformaciones que permitan dar respuesta a estas demandas
sociales. En tal sentido, para el diseño de las diferentes políticas públicas
judiciales se requiere profundizar la profesionalización de los recursos
humanos existentes y la incorporación de profesiones que hasta hace poco se
encontraban muy distantes de la Administración del Poder Judicial.
Estos nuevos desafíos requieren
la formación de cuadros especializados para analizar y evaluar el impacto de
las decisiones y programas que se lleven adelante. En tal sentido,
profesionales capaces de analizar variables y construir indicadores de gestión
resultan imprescindibles para la mejor aplicación de los recursos económicos en
pos de las decisiones que en el marco de la gestión sean adoptadas.
En este contexto, el mayor
compromiso de funcionarios, magistrados judiciales en la construcción de
políticas públicas orientadas a perfeccionar la administración de justicia y la
capacidad de acceder a ella requiere que los distintos niveles de la
Administración se profesionalicen y formen con conocimientos que abarcan
disciplinas y especialidades que van más allá de la visión tradicional del
derecho.
Así las cosas, se debe fortalecer
la capacitación de los recursos humanos en las nuevas tecnologías y todas
aquellas herramientas necesarias para la gestión de un estado moderno.
Asimismo, la formación de áreas técnicas interdisciplinarias que evalúen con
parámetros de eficacia, eficiencia y calidad las acciones implementadas y
genere los insumos requeridos para que el proceso de toma de decisiones se
realice en base a datos mas confiables de forma de arbitrar las medidas
necesarias para brindar un mejor servicio de justicia.
Nuestro poder judicial posee recursos humanos muy valiosos y
comprometidos con los valores democráticos y la gestión judicial. Es necesario
fortalecer la capacitación y dotarlos de las herramientas necesarias para
afrontar estos nuevos desafíos.
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