El gobierno judicial en la Ciudad de Buenos Aires

El constituyente de la ciudad de Buenos Aires al diseñar el esquema institucional del poder judicial local estableció que estaría integrado por el Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la Magistratura, los tribunales que la ley establezca y el Ministerio Público.

Como se ha analizado en varias oportunidades en ámbitos académicos, en los últimos años el modelo europeo de organismos de Administración del poder judicial ha ido instalándose en los ordenamientos latinoamericanos.

En tal sentido el diseño constitucional adoptado por la ciudad ha intentado dejar en claro esta división de funciones respecto de la llamada actividad jurisdiccional de los tribunales en sus diferentes instancias y las funciones de administración en un órgano diferente. Estas funciones de administración, en el ámbito de la ciudad, incluyen los procedimientos de selección de jueces y miembros del ministerio público, el nombramiento, remoción y ejercicio de facultades disciplinarias de funcionarios y empleados, la recepción de denuncias y el inicio del proceso de remoción de magistrados, el dictado de los reglamentos internos del poder judicial y la proyección y administración de los recursos presupuestarios asignados al poder judicial, dejando reserva de las competencias atribuidas al Tribunal Superior de Justicia contenidas en el art. 114 CCBA.

A diferencia de otros sistemas adoptados, en la CABA, el Consejo de la Magistratura se constituyó con igualdad de miembros de los estamentos involucrados en la Administración de Justicia. Así las cosas, se encuentra integrado por 3 miembros representantes del Poder Legislativo, 3 miembros representantes de los abogados inscriptos en la matrícula y 3 miembros del estamento judicial.

La representatividad del órgano colegiado que tiene a su cargo el gobierno judicial debe garantizar el compromiso de todos los actores con una mejor administración de la Justicia en la Ciudad de Buenos Aires, que aplique nuevas e innovadoras medidas que mejoren la calidad del servicio que se brinda.

Resulta necesario, a la hora de ejecutar las funciones de gobierno judicial del consejo de la magistratura, que estas no se queden en la mera letra estricta de la ley en cuanto a la administración presupuestaria y la participación en el proceso de selección y remoción de jueces y miembros del ministerio público. Es parte del desafío que se propone la planificación de políticas públicas judiciales y la dirección de las acciones tendientes a la transparencia y el cumplimiento de metas y objetivos de forma eficiente, con el objeto de rendir cuentas a la sociedad y facilitar el acceso a la justicia.

La asignación de recursos presupuestarios a la función judicial, entendida esta como la estrictamente jurisdiccional, debe realizarse con el objetivo primordial que esta se traduzca en un mejor acceso a la justicia por parte de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires. Para ello debe existir un organismo administrativo que de cara a la sociedad, dirija la aplicación de estos recursos y rinda cuentas del cumplimiento de estos objetivos.

Estos son algunos de los desafíos que se nos presentan en la construcción cotidiana de la agenda del poder judicial y que requieren planificación y transparencia al fijar las metas para la concreción del objetivo final que es, en definitiva optimizar el servicio de justicia garantizando un acceso igualitario, independiente y de excelencia para todos los habitantes de la ciudad.