Al introducirnos al análisis de la transparencia en el Poder Judicial
nos encontramos ante dos aspectos profundamente diferentes. Por un lado, aquel
vinculado al llamado gobierno judicial, y particularmente las funciones de neto
corte administrativo y por el otro aquella relacionada con la función
jurisdiccional.
Los aspectos ligados al manejo presupuestario de la administración de
justicia no poseen mayores complejidades para el abordaje. Estos, poseen un
tratamiento similar que en cualquier otra instancia de la administración
pública, no previéndose partidas reservadas y correspondiéndose con el resto de
las pautas previstas para las contrataciones públicas.
En esta oportunidad intentamos aportar al debate que nos ocupa,
respecto de cuestiones fundamentales como el acceso a la información,
transparencia y la gestión judicial, en particular en lo que hace a la función
jurisdiccional.
Existe una limitación constitucional al derecho a la información que se
encuentra vinculada al respeto inviolable a la privacidad de las personas. No
obstante este principio se encuentra restringido, aplicándose de forma
insoslayable a las personas menores de edad,
cuestiones de familia y aquellos expedientes que sean declarados
reservados en atención a las cuestiones que se ventilan, de acuerdo a la
reglamentación vigente.
Pero un aspecto menos abordado tiene que ver con la construcción de
ciudadanía vinculada a la difusión de las sentencias.
El derecho de información se encuentra consagrado tanto
constitucionalmente como en numerosos tratados internacionales. Presenta una
doble esencia, por una parte, aquella vinculada a la recepción de la
información, la cual debe estar
disponible, en principio, para cualquier individuo. A diferencia del ámbito
nacional, la Ciudad de Buenos Aires posee una ley de acceso a la información
que reglamenta el derecho consagrado, garantizando el acceso a solicitar y a
recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna. Cabe mencionar que
esta ley resulta de aplicación en cualquier instancia estatal.
Por otro lado se encuentra la comunicación y divulgación de la
información que todos los días se
produce en los diferentes estamentos del Poder Judicial. Respecto de este
particular, se presenta el desafío de encontrar la mejor forma de aplicarlos a
la construcción de una mejor calidad del servicio de justicia.
Desde la perspectiva del gobierno judicial, la información vinculada a estos
procesos deben convertirse en un insumo primordial para la construcción de la
política pública y derivarse en un mejor acceso a la justicia para los
ciudadanos. Estos datos, correctamente procesados, deben servir para la
construcción de indicadores que faciliten la evaluación objetiva la gestión
jurisdiccional y la administrativa y que permita la aplicación de recursos de
forma más eficiente y eficaz.
Debemos construir un nuevo paradigma de acceso a la información con la
implementación de las nuevas tecnologías disponibles. La información debe estar
accesible, de forma que permita transparentar los procesos de decisión y dotar
al Poder Judicial de las herramientas necesarias para construir una relación
distinta con los justiciables.
Asimismo, la difusión de los servicios de justicia y las resoluciones
adoptadas en la aplicación cotidiana del derecho contribuye a concientizar a
los ciudadanos, a mejorar la calidad del servicio de justicia, fomentado un
nuevo paradigma social vinculado a la cultura de la legalidad.
"Debemos construir un nuevo paradigma de acceso a la información con la implementación de las nuevas tecnologías disponibles".
ResponderEliminarY para hacerlo podría implementarse lo que se viene aplicando en materia de seguridad vial o de tenencia responsable de animales de compañía, entre otros. Es decir, incentivar que los niños sean quienes "eduquen" a sus padres, aumentando y sosteniendo en el tiempo la oferta de actividades y talleres escolares (como los que desarrolla el Ministerio Público Fiscal de la CABA), a fin de que los conocimientos allí incorporados impacten dentro de cada uno de los hogares. Incluso hasta podría obtenerse una ventaja secundaria, ya que los más chicos al ser más diestros en el manejo de las herramientas informáticas, si bien no eliminarían los obstáculos del acceso de personas mayores o con pocos conocimientos en el uso de estas nuevas tecnologías, serían uno de los instrumentos para que las mismas puedan superar esas barreras. Y, si se contara con la posibilidad de que esos talleres se programaran teniendo en cuenta las problemáticas propias de cada distrito escolar, los beneficios serían aún mayores; ya que, el abordaje de situaciones cotidianas que hagan sentirse identificados a los ciudadanos les despertaría un mayor interés y compromiso.